El 16 de mayo de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CorteIDH-, dictó una Sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la falta de titulación, delimitación y demarcación adecuadas del territorio comunitario de la Comunidad indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Lote 9. También determinó que el Estado no realizó una consulta previa y adecuada a la Comunidad en relación con un proyecto minero que afecta su territorio. Por último, el Tribunal estableció que diversos hechos de violencia, amenazas y hostigamiento enmarcados al conflicto territorial afectó la vida comunitaria y la integridad moral del conjunto de los miembros de la Comunidad.

Dado lo anterior, la Corte determinó que Guatemala vulneró, en perjuicio de la Comunidad, los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la propiedad, al acceso a la información, los derechos políticos y el derecho a la protección judicial. A su vez, determinó que las omisiones de actos adecuados de reconocimiento de la propiedad colectiva y de una consulta previa se vincularon a insuficiencias en el derecho interno. La conducta estatal seguida antes de junio de 2020 en relación con la consulta sobre la actividad minera, además, resultó discriminatoria.


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