Caso Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Vs. Guatemala

16 de mayo de 2023.

Desde la última década del siglo XIX las tierras tradicionales de la Comunidad fueron identificadas por el Estado como “Lote 9” y entregada a particulares para actividades agrícolas. En 1974 se inició un procedimiento ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) para lograr la titulación del territorio comunitario. En 1985 el INTA otorgó un título provisional de tierras a favor de “64 campesinos” de la Comunidad Agua Caliente, el cual les asignó un derecho de copropiedad bajo la forma de “patrimonio agrario colectivo”. El INTA supeditó el otorgamiento de un título definitivo a diversas condiciones, entre las que se encontraba el pago de una suma de dinero. En 2002 ese pago fue completado y la Comunidad solicitó al Fondo Nacional de Tierras (FONTIERRAS), que había remplazado al INTA, la escritura traslativa de dominio. No obstante, se indicó a la Comunidad que el folio del Registro General de la Propiedad en que estaba inscrito el Lote 9 se había extraviado, y que debía realizar trámites para su reposición. En 2004 la Comunidad inició tres procedimientos de jurisdicción voluntaria para la reposición del folio extraviado, que fueron rechazados, al igual que otro que inició en 2007. En 2009 presentó una acción de amparo, solicitando que se deje en suspenso el requisito de reposición del folio. El amparo fue denegado y la Comunidad apeló ante la Corte de Constitucionalidad, que en 2011 ordenó a FONTIERRAS la reposición del folio correspondiente. Pese a que FONTIERRAS inició en 2011 acciones para la reposición del folio, las mismas no fueron efectivas. En 2018 el señor Rodrigo Tot solicitó en sede judicial el cumplimiento de la decisión de 2011 de la Corte de Constitucionalidad. Luego de que la solicitud fuera rechazada, el señor Tot acudió a dicha Corte, que en julio de 2019 determinó que FONTIERRAS no había cumplido el fallo de 2011 y ordenó que el Tribunal de Amparo de primer grado emitiera una nueva decisión a fin de la expedición del título definitivo. En consecuencia, luego de diversos trámites y de que interviniera nuevamente la Corte de Constitucionalidad, en septiembre de 2019 la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil dictó una resolución en la que ordenó a FONTIERRAS realizar acciones para la expedición del título definitivo y la correspondiente inscripción registral. En octubre de 2019, FONTIERRAS adjudicó el inmueble a 104 personas determinadas, pertenecientes a la Comunidad Agua Caliente. En el mes de noviembre siguiente el Registro General de la Propiedad dejó constancia de la inscripción registral. De acuerdo con datos registrales y catastrales, la tierra titulada se encuentra superpuesta o traslapada con otra: la finca Cahaboncito Norte, en la que se asienta el proyecto minero “Fénix”. El Estado indicó que el traslape catastral del que es objeto el Lote 9 refiere a un conflicto de intereses que abarca también a otros lotes.

A esto se suma que el 14 de diciembre de 2004, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó una licencia de exploración minera a la empresa “Exploraciones y explotaciones mineras Izabal, Sociedad Anónima” (EXMIBAL) para explorar níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio en un área aproximada de 259 kilómetros cuadrados ubicada en diversos municipios, incluyendo el municipio de El Estor. EXMIBAL transfirió la licencia a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). El proyecto se desarrolla dentro de la finca Cahaboncito Norte, arrendada a la CGN, y en la finca denominada Lote 8, propiedad de la CGN. La Comunidad Agua Caliente Lote 9 está dentro del área de influencia directa del proyecto.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver declara por unanimidad que el Estado es responsable de:

La violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a las garantías judiciales, a la propiedad y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 3, 8.1, 21 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de la Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Lote 9.

La violación de los derechos a la propiedad, al acceso a la información, y de los derechos políticos, reconocidos en los artículos 21, 13 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

La violación al derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 21 del tratado, y con su artículo 1.1.

En consecuencia, El Estado de Guatemala:

• En el plazo de seis meses comenzará a adoptar las medidas requeridas para ofrecer a la Comunidad indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Lote 9 un título comunitario o colectivo de su tierra y adoptará las medidas necesarias para delimitar y demarcar adecuadamente la propiedad.
• En forma inmediata se abstendrá de realizar actos que pudieran dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros, actuando con consentimiento o tolerancia del Estado, puedan afectar la existencia, valor, uso o goce del territorio de la Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Lote 9.
• En un plazo razonable, realizará un proceso de consulta adecuado con la Comunidad indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Lote 9.
• En el plazo de seis meses realizará las acciones de publicación, distribución y difusión de esta Sentencia, su resumen oficial y el comunicado de prensa oficial respectivo.
• En un plazo razonable, adoptará las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena o tribal
• En un plazo razonable, adoptará las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales.
• En un plazo de tres meses creará un fondo de desarrollo comunitario e implementará su ejecución.
• En un plazo de un año contado pagará las cantidades fijadas por concepto de indemnización de daño inmaterial y reintegro de costas y gastos.
• En el plazo de un año rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 346 y 356 de la presente Sentencia.

En el marco de su competencia, La Corte Interamericana de Derechos Humanos:

• Supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.