El día de hoy la Dra. Aura Estela Cumes Simón testificó como Perito en la audiencia del caso Samococh ante el Juzgado de Mayor Riesgo “B” al declarar sobre su peritaje “PERITAJE SOCIO CULTURAL. ALTERACIÓN DE LA FORMA DE VIDA EN LA COMUNIDAD DE SAMOCOCH”.
Aura Cumes inicio su declaración con las conclusiones de su peritaje e indico que “La represión contra la comunidad de Samococh, no fue un enfrentamiento entre comunitarios y policías, fue a todas luces una represión que devino en una masacre contra una comunidad indígena. Los métodos utilizados para reprimir a la comunidad de Samococh y los discursos públicos para justificarlo, da lugar a analizar que el Estado contrainsurgente se ha reciclado en las fuerzas de seguridad. Se muestra la subordinación del Estado a los intereses económicos de las grandes empresas. Este Estado contrainsurgente, debido a las recurrentes represiones contra los Pueblos Indígenas, está ocasionando un etnocidio y genocidio de baja intensidad” Expuso ante el tribunal.
Así mismo declaró que la represión policial del 15 de agosto del 2014, “golpeo no solo la organización comunitaria, sino el tejido social cuando empujó a familias enteras, principalmente a mujeres, niñas y niños a huir a la montaña y sentir de cerca el terror de la muerte, del hambre, de la sed y del frío. Desestructuró a las familias a través de la muerte, las detenciones y el encarcelamiento de los hombres. Marcó con violencia el recuerdo de adolescentes, niñas y niños que presenciaron la violencia contra sus padres, familiares y vecinos. Persiguió a los lideres y dirigentes. Mató a autoridades respetables. Es así, como la represión atentó contra el derecho de los comunitarios de regular su comunidad y se enfocó a romper su forma de organización comunal”.
Analizó el daño causado contra los hombres, mujeres y niños de la comunidad q’eqchi’ de Samococh, Chisec, Alta Verapaz y recomendó la reconstrucción del tejido social comunitario, sanción a los responsables de la masacre de tres comunitarios, resarcimiento a las familias afectadas, una disculpa y reconocimiento de responsabilidad del Estado, compensación comunitaria, una garantía de la no repetición de los hechos, reparación psicosocial con niños y niñas de la comunidad y la eliminación de métodos de violencia racial en la Policía Nacional Civil contra comunidades indígenas.
