Este 23 de abril, a un año de la prisión preventiva de las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán (48 Cantones de Totonicapán 2023), se realizó una caminata que partió desde el edificio del Ministerio Público en Gerona, pasó por la Corte de Constitucionalidad y culminó en la Plaza Central con una conferencia de prensa. En la movilización participaron los 48 Cantones, diversas autoridades indígenas y ancestrales de otros pueblos, así como organizaciones sociales que acuerparon la exigencia.
Durante la jornada se leyeron tres comunicados: uno dirigido al Ministerio Público, otro a la Corte de Constitucionalidad y un tercero sobre las dilaciones procesales y la criminalización de más autoridades indígenas. En el marco de esta caminata, la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala emitió su propio pronunciamiento con análisis jurídico y exigencias concretas.
Denuncias jurídicas
La Asociación señaló que el sistema de justicia estatal ha fallado en garantizar derechos fundamentales: presunción de inocencia, plazo razonable, imparcialidad judicial y no criminalización de la protesta social legítima.
Hechos denunciados:
• Un año de prisión preventiva sin que se haya celebrado la audiencia de etapa intermedia.
• Al menos cuatro jueces que se han excusado de conocer el caso. El más reciente, Fredy Rául Orellana Letona, designado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, presentó su excusa el 9 de abril de 2026 argumentando que en el expediente consta la solicitud de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del jefe de la FECI, José Rafael Curruchiche.
• La acusación se basa en tipos penales ambiguos: terrorismo (artículo 391 del Código Penal) y asociación ilícita.
La Asociación advirtió que el uso expansivo del delito de terrorismo —que penaliza cualquier “acto de violencia” sin un umbral de gravedad— ha servido para criminalizar a quienes defendieron la democracia durante la crisis de 2023. “Manifestar en una calle, resistir pacíficamente o ejercer control territorial comunitario no puede equipararse a tomar rehenes o causar muertes. La imprecisión legislativa convierte al terrorismo en un arma de persecución política”, enfatizó el comunicado.
Exigencias de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas
1. La inmediata revisión de la prisión preventiva de Luis Pacheco y Héctor Chaclán por parte de un tribunal imparcial, con perspectiva intercultural.
2. Que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones designe sin más dilaciones a un nuevo juez o jueza que garantice la imparcialidad y el debido proceso.
3. Que la Corte de Constitucionalidad acoja y resuelva de fondo la inconstitucionalidad de la frase “ejecutare actos de violencia” en el artículo 391 del Código Penal, planteada por los 48 Cantones, por violar los principios de legalidad y tipicidad.
4. El cese de toda persecución penal contra autoridades indígenas que actuaron en defensa de la democracia y la voluntad popular expresada en las urnas en 2023.
La Asociación hizo un llamado a la comunidad jurídica nacional e internacional a observar este caso como un termómetro del estado de derecho en Guatemala. “La libertad de Luis y Héctor no es solo suya: es la libertad de todos los pueblos indígenas de defender su territorio, su autonomía y su vida sin miedo a la cárcel”.
