Amparo se presentó en la Corte Suprema de Justicia desde hace 2 años y 8 meses.
Las autoridades mayas Mam de San Pablo San Marcos, El consejo de Autoridades Maya Mam de San Marcos y la Asociación de Abogados Mayas, celebran la sentencia de amparo que restituye los derechos colectivos violados en el otorgamiento de la licencia del proyecto de la central hidroeléctrica “Hidro Salá”.
Está semana la Corte Suprema de Justicia -CSJ- notificó la sentencia en donde se reconoce que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, violaron derechos colectivos del pueblo maya Mam, del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos, ya que autorizaron la operación de la empresa “Hidro Salá”, sin consultar de manera libre, previa e informada a las comunidades que conviven en dicho territorio con la madre tierra, los ríos y los cerros.
Asociación de Abogados Mayas agradece a los terceros interesados que apoyaron esta acción constitucional de amparo, entre ellas El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH- y Municipalidad de San Pablo, San Marcos; ya que fortalecieron jurídicamente la petición.
Cómo pueblos indígenas y organizaciones sociales, hoy más que nunca estamos convencidos que defender el agua es defender la vida.
Presentación del amparo
La acción constitucional de amparo fue presentada el 25 de octubre de 2018 en la Corte Suprema de Justicia por las Autoridades Mayas Mam de San Pablo San Marcos y el Consejo de Autoridades Maya Mam de San Marcos con el acompañamiento de la Asociación de Abogados Mayas.
Amparo provisional y la vista pública
La Corte Suprema de Justicia otorgó el amparo provisional con fecha de resolución de 5 de diciembre de 2018.
Después de dos suspensiones de audiencias de vista pública, el lunes 4 de noviembre de 2019, las comunidades de San Pablo, San Marcos, a través de sus autoridades indígenas, pudieron solicitar ante los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en vista pública, se les otorgue el amparo definitivo contra el Ministerio de Energía y Minas, por violación al derecho de consulta.
Sobre el caso
El Acuerdo Ministerial fue emitido el 23 de febrero del 2011, y que fue publicado hasta el 20 de abril de 2011, en el cual se otorgó licencia definitiva a la entidad Hidro Salá, S.A, para utilizar bienes de dominio público para la instalación de una central hidroeléctrica que utilizará caudal del Río Salá, denominada “Hidro Salá”, el cual se ubicará en la finca Argentina con central generadora en el Caserío Las Brisas del municipio.
Este proyecto afecta a 32 comunidades indígenas, ya que dicho Acuerdo fue tramitado y emitido sin haber consultado a los pobladores y sobre todo pone en riesgo el derecho a la salud de las comunidades que serán afectadas por el proyecto y el derecho constitucional del medio ambiente y equilibrio ecológico el cual es obligación del Estado y las municipalidades garantizarlos.
La resolución de la Corte Suprema de Justicia
