(Demandas deben avanzar)
«Se advierte que las empresas cuentan con toda una estructura de difamación, intimidación y persecución penal; vulnerando así los derechos fundamentales de libre expresión y manifestación pacífica por defender derechos humanos y territoriales».
Como segundo día consecutivo de la visita “in loco” (en el lugar) que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala. Este primero de agosto en el municipio de Santa Cruz, Alta Verapaz; se reunió con autoridades indígenas Q’eqchi’, representantes de varias comunidades indígenas y organizaciones sociales para escuchar las demandas y problemáticas que imperan a los pueblos indígenas en el norte del país.
En este espacio de audiencia, se resalto sobre la eminente criminalización y persecución penal que viven las comunidades indígenas y sus autoridades ancestrales por defender y ejercer su derecho de resistencia ante proyectos y megaproyectos que atentan contra la vida y los recursos naturales de sus territorios.
Para ello, se ejemplificaron varios casos que actualmente se llevan penalmente en contra de varios comunitarios en distintas regiones, lo cual debe preocupar a la Comisión, ya que en otros casos varios comunitarios han sido absueltos porque el Ministerio Público no logra sustentar sus argumentos; lo que significa que es clara la estrategia de criminalización que se lleva en contra de las comunidades indígenas.
La Asociación de Abogados Mayas, presentó un listado de los casos emblemáticos como la desaparición del líder comunitario Ovidio Xol, caso Hidroeléctrica RENACE; El caso de los comunitarios de Samococh-ENERGUATE e Hidroeléctrica Santa Rita S.A.; Comunitarios de Monte olivo y aledaños, caso Hidroeléctrica Santa Rita S.A.; Comunitarios de Semuy Champey-CONAP; comunitarios de Mucbilha con 52 líderes de persecución penal; caso de criminalización de Abelino Chub Caal, entre otros.
Y con esto se advierte que las empresas cuentan con toda una estructura de difamación, intimidación y persecución penal; vulnerando así los derechos fundamentales de libre expresión y manifestación pacífica por defender derechos humanos y territoriales.
Además la Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce los derechos de comunidades indígenas, principalmente sus propias formas de organización y las tierras que han posesionado históricamente.
No existe en el órgano estatal un sistema de protección para defensores de derechos humanos. Mientras esto ocurra se solicitó la libertad inmediata de los presos políticos.
