La Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, felicita al pueblo del municipio de Santa Cruz de Quiche, a su Alcaldía Indígena, y a sus Autoridades encabezadas por el Alcalde Primero, señor Juan Zapeta con el compromiso de seguir acompañando y apoyando sus procesos de fortalecimiento institucional.
La institucionalidad indígena sigue viva, y constantemente recreándose en beneficio de los pueblos indígenas, su territorio y su patrimonio en general. Está demostrado que el ejercicio de la autoridad indígena y sus propias formas de administración de justicia, son elementos fundamentales para mantener la paz y la convivencia con todos los elementos de su entorno. Así mismo la administración de justicia de las autoridades indígenas, es un aporte de suma importancia al sistema de justicia en Guatemala, aporte que lamentablemente poco se ha reconocido y respetado por parte de las instituciones del estado.
La asamblea de la Alcaldía Indígena de Santa Cruz, del Quiché, es una muestra del trabajo que realizan los pueblos indígenas en Guatemala. Es una muestra de la pluralidad jurídica, y política que vive el país. Que como ya hemos anotado, los mismos órganos del estado evitan reconocer jurídicamente, porque lo consideran una amenaza a sus intereses económicos y de poder.
La Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché el 29 de julio de 2017, promovió una asamblea para consolidar elementos de su sistema de administración de justicia, para revalidar las sanciones correctivas denominadas: Xik’ay, y el Xukulem. El Xik’ay, ha sido una práctica que hasta la fecha se aplica como sanción, pero ha sido objeto de críticas y deslegitimaciones por el sistema de justicia oficial, inclusive de algunos “intelectuales” indígenas; sin embargo las autoridades comunitarias aprobaron continuar con dicha práctica y respaldan su aplicación. El Xukulem, que consiste en recorrer hincado un determinado tramo y frente al público, puesto que las personas que delinquen también ofenden la Madre Tierra; de la misma manera las autoridades comunitarias aprobaron dicha sanción para que sea aplicada.
En esta asamblea se contó con la presencia de observadores invitados, quienes representan a entidades públicas: en representación de la Fiscal General del Ministerio Público, Thelma Aldana; asistió el Secretario de Política Criminal, secretario de Pueblos Indígenas del Ministerio Público, Fiscal Distrital del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, representante del Gobierno Municipal y representantes de las autoridades indígenas de municipios aledaños.
Esto significa que previo a un proceso de juzgamiento ordenado, objetivo y democrático, las sanciones correctivas que se impondrán a las personas encontradas responsables de actos contrarios al orden público en dicho municipio son: El Pixab, el Xukulem, el Xik’ay, y finalmente el destierro. La reparación de sus actos (reparación civil), también se contempla como parte de la aplicación de justicia. Las sanciones se impondrán de forma gradual, según la gravedad del hecho.
