En una #ConferenciaDePrensa el día de hoy en el Congreso de la República, las organizaciones comunitarias principalmente de municipios de los departamentos de Sacatepéquez y Guatemala, aglutinadas en la Coordinadora de Comunidades Afectadas por el proyecto Plan de Expansión de Transmisión (PET 1-2009), impulsada por la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A (TRECSA), expusieron su inconformidad ante la impunidad de la empresa en seguir operando, pese a que existen acuerdos y disposiciones municipales que prohíben la continuidad de sus actividades hasta resolver la conflictividad en las comunidades. Incluso la Corte de Constitucionalidad ordenó que la construcción de red eléctrica de Trecsa ya no es de urgencia nacional.
Trecsa además de no respetar varios acuerdos establecidos , ha incrementado las actividades de coerción y criminalización de los liderazgos y autoridades comunitarias de Antigua Guatemala, Santa Lucía Milpas Altas, San Bartolomé Milpas Altas, Santa María Cauque de Santiago Sacatepéquez, San Raymundo y San Pedro Ayampuc.
Hicieron un llamado a las autoridades municipales para que ejerzan su función publica y respondan a las demandas de la población y no a los intereses de la empresa que actúa con impunidad, violentando la autonomía municipal.
Al gobierno central e instituciones responsables exigieron la garantía de derechos humanos de las comunidades, evitando el tráfico de influencias y promover la corrupción a favor de Trecsa.
También pidieron evaluar los daños ocasionados y que se aplique el principio de precaución ante los daños a la salud, medio ambiente y fuentes de agua.
Repercusiones de Trecsa: daños al ambiente, violación a derechos humanos, desestabilidad social y criminalización
