Desde la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala manifestamos nuestro más enérgico repudio y condena ante la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que confirmó las sentencias condenatorias de 8 y 24 años de prisión, respectivamente, contra los defensores del territorio Rigoberto Juárez Mateo y Bernardo Ermitaño López Reyes, autoridades indígenas del departamento de Huehuetenango.
Este fallo, emitido por los magistrados Leyla Lemus, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Nester Vásquez, no solo representa un grave revés para la justicia en Guatemala, sino que consolida un patrón de criminalización y judicialización en contra de líderes y comunidades indígenas que, ejerciendo su derecho a la consulta y a la defensa de sus territorios ancestrales, se oponen a proyectos impuestos como las hidroeléctricas en Santa Cruz Barillas y San Mateo Ixtatán.
Ante este escenario de injusticia:
1. Condenamos firmemente esta sentencia, que desconoce el derecho consuetudinario indígena, el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política, que mandata el reconocimiento y respeto a las formas de organización y autoridades propias de los pueblos indígenas.
2. Exigimos libertad para Rigoberto Juárez y Bernardo Ermitaño, defensores que intermediaron en conflictos en defensa de sus comunidades y que hoy son presos políticos.
3. Denunciamos la instrumentalización del sistema de justicia para proteger intereses económicos y reprimir la legítima protesta y defensa territorial.
Este caso pone en evidencia la urgente y apremiante necesidad de transformar la justicia constitucional en Guatemala. Urge una Corte de Constitucionalidad que verdaderamente respete, garantice y promueva los derechos de los pueblos indígenas, una que actúe como un auténtico baluarte de la plurinacionalidad y no como un órgano de ratificación de la injusticia.
Llamamos a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a los pueblos hermanos a mantenerse vigilantes y a solidarizarse en la demanda por una justicia que no condene la resistencia, sino que proteja la vida, el territorio y la dignidad de los pueblos.
¡Por la libre determinación de los pueblos!
¡No a la criminalización de la defensa del territorio!
¡Justicia para las comunidades indígenas!
