Un pronunciamiento público denunció hoy al Ministerio Público (MP) y a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) de utilizar de forma indebida el derecho penal para criminalizar y mantener en prisión a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes cumplen ya siete meses de encarcelamiento.
Según el comunicado difundido este jueves, ambos individuos fueron detenidos y procesados por los delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal. No obstante, las organizaciones sostienen que su único «delito» fue seguir el mandato de sus Asambleas para defender la democracia y las elecciones de 2023 mediante manifestaciones pacíficas, actos en los que, recuerdan, participaron «cientos de miles de guatemaltecos».
La denuncia central del texto es la estrategia judicial desplegada por la FCT –que actúa como querellante adhesivo en el caso–, a la que califica de «litigio malicioso». Se alega que se han utilizado recusaciones infundadas para entorpecer y alargar el proceso, evitando así una resolución sobre la situación legal de los detenidos.
El ejemplo más reciente, según el comunicado, ocurrió esta semana. Tras la fijación de una audiencia de medida de coerción para el 19 de diciembre, la FCT recusó al juez a cargo, alegando una supuesta «amistad» entre el magistrado y Luis Pacheco, e incluso insinuando un pago por una resolución favorable. El comunicado tacha estas acusaciones de «falsas» y con el único objetivo de «entorpecer el proceso».
Ante esta situación las organizaciones demandaron:
1. A la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones: Piden rechazar la última recusación y permitir que el proceso avance, garantizando una audiencia de revisión de prisión a la brevedad.
2. Al sistema de justicia en su conjunto: Exigen la liberación inmediata de Pacheco y Chaclán; la investigación y sanción de los responsables del «litigio malicioso», incluyendo a los abogados de la FCT; y el restablecimiento del principio de justicia pronta y cumplida.
3. A la sociedad guatemalteca: Hacen un llamado a «no normalizar la criminalización de la protesta», un derecho constitucional.
4. A la comunidad internacional: Solicitan acompañamiento y denuncia continua sobre lo que califican como «uso ilegal y malicioso del derecho penal en Guatemala para silenciar a toda voz crítica».
El caso de Pacheco y Chaclán se enmarca en un contexto de alta polarización política en Guatemala, donde autoridades anteriores y organizaciones sociales han denunciado en múltiples ocasiones el uso de figuras penales como el terrorismo para judicializar y reprimir la protesta social y la disidencia.
El documento cierra con una consigna clara: «¡Libertad inmediata para Luis Pacheco y Héctor Chaclán!».
