#CoaliciónEPUGuatemala #Comunicado | El Consejo de Derechos Humanos evalúa a Guatemala sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en la 42° sesión de Examen Periódico Universal, en su cuarta ronda para Guatemala.
La Coalición EPU Guatemala integrada por más de 100 organizaciones de Sociedad Civil, a la población guatemalteca y comunidad internacional informa: Hoy 25 de enero de 2023, el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas inquirió sobre la situación de derechos humanos en Guatemala por cuarta vez, mediante el procedimiento del Examen Periódico Universal- EPU; evaluando en qué medida el Estado cumple con sus obligaciones y compromisos en la materia. Para lo cual emitió recomendaciones, estableció un diálogo interactivo y de cooperación entre Estados. En este examen quedó en evidencia que, Guatemala incumplió con los compromisos asumidos a nivel internacional y que la situación de la población se ha deteriorado.
Desde esta Coalición se envió información que da cuenta del incumplimiento en materia de derechos humanos y los graves retrocesos a nivel de: el cierre de espacios de participación social y democrática, el insuficiente acceso a justicia, el escaso acceso a la información pública, la criminalización de personas defensoras, periodistas y radios comunitarias indígenas; la poca de cobertura en salud, el retroceso en los derechos sexuales y reproductivos, el limitado acceso al agua, la alimentación, la educación, el desarrollo rural, la tierra y el territorio; así como los desalojos, la violencia contra las mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres indígenas, las personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, la niñez y los pueblos indígenas.
La libertad de asociación y expresión se ha deteriorado por el aumento de la represión, la emisión de nuevas leyes que limitan el espacio cívico, las acciones de vigilancia, el seguimiento, el hostigamiento a través discursos de odio y amenazas en diferentes formas; pero particularmente en redes sociales que posteriormente se materializan en ataques en contra de quienes ejercen y promueven estos derechos.
El desmantelamiento de la Fiscalía Especializada Contra la Impunidad-FECI, y la criminalización en contra de operadores de justicia, promovida desde actores estatales y no estatales; han favorecido la impunidad en casos de corrupción, los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, y la delincuencia en general. Estos ataques han violentado la independencia judicial, obligando a que desde el 2019, hayan salido al exilio personas ex operadoras judiciales y fiscales, para resguardar su vida. Asimismo, se han iniciado procesos penales y administrativos en contra del funcionariado público y liderazgos políticos de oposición.
Durante el actual Gobierno han sido violentados los derechos a la educación, protección, salud, inclusión, vivienda, tierra y territorio, alimentación, durante el 2022 se registraron más de 20,000 casos de desnutrición aguda y la muerte de 68 niñas y niños; demostrando una contradicción y doble moral que ha violentado el Estado laico, que además se hace llamar «provida» cuando existen tantos retrocesos en la garantía de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos.
La población indígena en Guatemala es del al menos el 44% sin embargo, la pobreza en los hogares indígenas es de por lo menos el 79.2%, lo que indica las precarias condiciones de las comunidades indígenas y con ello la ausencia de Estado para garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; así como la implementación de los compromisos para promover los derechos de la población contenidos en los Acuerdos de Paz.
El Estado ha incumplido en lo relativo a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, en los territorios indígenas, ya que se han incrementado los desalojos forzados, hay un aumento de la violencia y criminalización hacia las comunidades; en el 2017 se llevaron a cabo 29 desalojos, con un total 2,342 familias y 9,367 personas afectadas, en el 2022 hubo 70 desalojos. En los últimos tres años se han incrementado los estados de sitio en comunidades indígenas entre otros, en los departamentos de Sololá, Izabal, Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén.
Por lo tanto, expresamos nuestra preocupación por el enorme retroceso de los derechos humanos en Guatemala, evidenciado hoy ante los ojos del mundo durante el Examen Periódico Universal.
Ante lo anterior demandamos:
1. La urgente instalación y puesta en marcha de un mecanismo u órgano de seguimiento que esté integrado por el Gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y posiblemente representantes de los países donantes; con el fin de aplicar plenamente las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las formuladas en el marco del EPU, tal y como se comprometió Guatemala durante el segundo ciclo en 2012.
2. El Estado guatemalteco debe establecer las condiciones de garantía necesarias para evitar los ataques y la criminalización de quienes promueven y defienden los derechos humanos para que puedan realizar su labor en libertad y sin represalias de ningún tipo.
