Juan Zapeta López, es el Primer Alcalde Indígena de Santa Cruz Quiché y Maya Quiché hablante. Desde hace 14 años que funge como autoridad indígena en varias comunidades e imparte justicia.
Por José A. Sian
¿Cuándo inicio a ejercer como alcalde indígena en Santa Cruz Quiché?
En el 2004 fue constituido la Alcaldía Indígena en Santa Cruz Quiché y a partir de esa fecha la asamblea me ha elegido por cuatro períodos consecutivos como Primer Alcalde Indígena Ancestral del municipio de Santa Cruz Quiché. Actualmente voy cumpliendo los catorce años en el ejercicio de nuestras funciones como autoridades indígenas.
¿Cómo es el procedimiento para llegar a ser Alcalde Indígena en su comunidad?
Pasamos por un primer colador, cada cantón que esta dividido en varios centros eligen a dos representantes, posteriormente los dos representantes vamos a la Asamblea Municipal, como lo hacían nuestros ancestros en la ciudad de Q’umarkaj. Luego las personas determinan a través de su voto directo al Primer Alcalde, Segundo Alcalde y así sucesivamente. Todos tenemos las mismas funciones, ninguno es más ni menos.
¿Cómo defines la justicia indígena en Guatemala?
Es un conjunto de principios, valores, normas y procedimientos constituidos con sus respectivas autoridades indígenas. En ella hacemos reuniones escuchando a la Asamblea para la validación de normas y determinando las funciones de las autoridades indígenas.
Durante el 2016, se impulsó una Reforma Constitucional, para que se reconozca el Pluralismo Jurídico y la Justicia Indígena. ¿Qué cree usted que hace a que los diputados no quieran reconocerla y aprobarla?
Es obvio, los diputados están ahora en el poder y la mayoría es gente mestiza, con una educación enfocado en el sistema occidental y no tienen el mínimo conocimiento de lo que es el Sistema Jurídico Maya. Pero también influyen las fuerzas poderosas que nos gobiernan para que no se reconozca expresamente nuestro sistema jurídico en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Es un sometimiento que hemos sufrido durante varios años que seguimos sufriendo, y sabemos que aquí también hay grandes intereses de los poderes económicos y de otras entidades. Por lo tanto no les conviene a que nosotros como indígenas y autoridades ancestrales también seamos reconocidos plenamente en Guatemala. Pero siempre hemos dicho, con el reconocimiento o sin reconocimiento, nosotros vamos a seguir ejerciendo la justicia indígena, con el entendido de seguir sufriendo el sometimiento del otro sistema. Ellos no respetan nuestra autonomía, por lo que debemos de luchar y unirnos.
Al transcurso de su experiencia como mediador e impulsor de la justicia indígena en Quiché. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que ha encontrado?
El mayor problema es que nuestro sistema jurídico indígena choca bastante con el sistema jurídico ordinario, por eso estamos totalmente de acuerdo en las reformas constitucionales, específicamente en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Hay diferencias muy grandes y quizás los jueces comprendan nuestro sistema, pero también sabemos que ellos deben obedecer la ley y no es culpa del juez o del Ministerio Público a que se den esas diferencias, es porque las leyes no están hechas de acuerdo a nuestra realidad indígena.
Por ejemplo, un caso específico; en coordinación con la alcaldía indígena de San Andrés Salcabajá, logramos resolver y esclarecer un asesinato que hubo en la comunidad. Se acordó en ambas partes presentados en actas que el caso lo resolviéramos nosotros; por lo tanto el Ministerio Público notificó que ese caso ya había sido juzgado por la autoridad indígena. Los familiares de las víctimas quedaron satisfechos por la resolución. Sin embargo, otro juez estableció que la resolución de la autoridad indígena no era válida, llamo a declarar a las personas implicadas y mando encarcelar a los culpables, indicando que ellos desconocían a la autoridad indígena.
Otro caso que esta sonando a nivel nacional e internacional es sobre un menor de edad que cometió un asesinato, a él le faltaba unos meses para cumplir los 18 años. Nosotros aplicamos que si un menor de edad comete un delito o una falta, debe ser corregido. Sin embargo, en el sistema de justicia estatal establece que un menor de edad es inimputable. En este caso esclarecimos los hechos y estábamos por juzgarlo cuando llega el Ministerio Público y la PNC indicando que ellos conocerían el caso; no se cumplió con el debido proceso, fue dejado en libertad y esa muerte quedo impune.
Hay un caso de juzgamiento de menores de edad que la alcaldía indígena realizó el 5 de octubre. La PDH y la PGN interpusieron una denuncia en su contra por someter los menores de edad en ese proceso. ¿Cuál fue su reacción a esta denuncia?
Es preocupante, la mayoría de autoridades indígenas y población, se ve en nuestra semblanza que casi lloramos sangre por esto; porque no es correcto para nosotros que un menor de edad pueda hacer lo que quiera y que luego la PGN y la PDH los proteja, o en otros casos los lleven en una casa hogar. Para que luego pase como lo ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron varias niñas.
Nosotros como autoridades indígenas, jamás nos hemos constituido a pedir cuentas, llamadas de atención o sancionar a las instituciones de justicias estatales; no hemos violentando su autonomía. Sin embargo, nosotros que somos indígenas, ellos si pueden cuestionarnos o encarcelarnos por haber aplicado una sanción correctiva.
Yo pienso que todo sistema de justicia tiene sus debilidades, si nosotros cuestionamos el otro sistema habría mucho que responder. Es triste que nosotros históricamente hemos sido marginados, aplastados y cuestionados.
Estamos seguros que esa corrección que le dimos a los adolescentes va a cambiarles la vida. Nos llena de tristeza y de preocupación, porque entonces vamos a permitir que estos niños ahora cometan un delito o una falta, no se les diga nada y cuando ya tengan la mayoría de edad sean delincuentes profesionales. En las noticias vemos a niños de 9, 10 y 12 años robando libremente; como en la capital, que los delincuentes ponen a los niños como escudos para robar, extorsionar y matar.
¿Eso es lo que quieren la PDH y la PGN? Nosotros respetamos al sistema estatal, pero también queremos que ellos respeten el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas.
¿Qué le satisface a usted para prestar este servicio en su comunidad?
Nosotros estamos trabajando de forma Ad Honorem, prestando un servicio con el corazón y alma, arriesgando nuestras vidas para tener un pueblo en paz, con tranquilidad, con seguridad y desarrollo.
Me satisface ver a las personas en conflicto que después del diálogo se den un abrazo, se perdonen y compartan un refresco. Me satisface grandemente a cuantos linchamientos hemos evitado en Santa Cruz del Quiché, Santa Lucia la Reforma, San Pedro Jocopilas y otros municipios. Es satisfactorio ver que los delincuentes como el caso de Pedro Pablo que prestó su testimonio cuando validamos la aplicación del Xik’ay. Dijo que siendo ladino agradeció a las autoridades por haberlo corregido, muchacho que antes cometía robos ahora nos abraza en el parque y es un gran amigo nuestro. Y así, muchos que han recibido el sagrado Xik’ay, llegan agradecernos con una libra de azúcar o chocolate. Hay satisfacción cuando vemos recuperar la armonía en las comunidades y los hogares.
Si por ese trabajo yo tenga que ir a la cárcel, lo voy a enfrentar con gusto. Porque yo siento que la contribución hacia la humanidad, sino ha sido muy grande, ha sido valorada por muchos.
¿Alguna anécdota que nos quieras compartir?
Una muy triste; cuando hubo un intento de linchamiento en Santa Lucia la Reforma, los ancianos y la corporación municipal me llamaron para ir a colaborar con ellos. Me comprometí con ellos, y justamente me entra otra llamada indicando que mi nieta había fallecido; en ese momento quería ir acompañar a mi hija en su dolor, pero también quería ir a Santa Lucia, porque había como 6 mil personas queriendo quemar a cuatro personas; entonces pensé, tengo que sacrificar a mi familia y me fui para Santa Lucia la Reforma. Esto lo conoce el Auxiliar de Derechos Humanos, Francisco Morales cuando estuvo aquí en santa Cruz del Quiché; junto a él, gracias al creador evitamos el linchamiento.
Con eso me gane el desprecio de mi hija que durante dos años no me dirigió la palabra; pero estoy satisfecho porque fui a evitar el linchamiento de cuatro personas y quizás algunos operadores de justicia que estaban ahí.
¿Cómo ve la situación actual de las autoridades ancestrales y autoridades indígenas para impartir justicia?
Hay diferencias, algunos municipios donde la gente es más tranquila y otros como el caso nuestro quizás por el conflicto armado hay mucha violencia. En cuanto a las autoridades indígenas hay mucha sabiduría, pero también nos falta que mejorar aun mas nuestro trabajo, no podemos jactarnos de que nuestro sistema jurídico maya es el más perfecto o el mejor, no es así, todo sistema tiene sus debilidades, pero también sus grandes fortalezas.
¿Qué se necesita para que las autoridades indígenas puedan ejercer libremente sus funciones de impartir justicia en sus comunidades?
Primero, ver hacia arriba, pedirle sabiduría al creador y al formador. Segundo entregar la vida y sacrificar a la familia; es un sacrificio muy grande pero sobre todo no tener miedo.
Hay personas que tienen esa capacidad y sabiduría, pero tienen miedo; miedo a los delincuentes, miedo a los azotes que nos da la madre naturaleza, pero ahora le tenemos miedo al sistema de justicia estatal, porque nos criminaliza.
