Después de 40 años de lucha contra poderosos intereses mineros y un gobierno conocido por sus respuestas violentas a las protestas Indígenas, los Maya Q’eqchi’ de Guatemala depositan sus esperanzas en el tribunal de derechos humanos.
La sentencia afectará a las comunidades de toda América Latina ya que los gobiernos se apresuran a aprobar nuevos proyectos mineros para satisfacer la demanda mundial de «minerales verdes».
SAN JOSÉ, COSTA RICA–(9 de febrero de 2022) La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó hoy los argumentos orales en un caso contra Guatemala que podría sentar un precedente para las comunidades Indígenas de toda América Latina en su búsqueda, no sólo de los derechos colectivos a sus tierras ancestrales, sino del derecho a controlar sus recursos naturales. Estos son una fuente creciente de conflictos a medida que aumenta la demanda de minerales para alimentar un floreciente mercado mundial de coches eléctricos y energías renovables.
La comunidad Maya Q’eqchi’ de Agua Caliente, la demandante en el caso contra el Gobierno de Guatemala, es una de las 16 comunidades comprometidas desde hace 40 años en una lucha por desterrar de sus territorios una sucia y conflictiva mina de níquel a cielo abierto en El Estor, Guatemala, operada por una filial del grupo suizo Solway Investment.
«Por primera vez, este caso brinda al Tribunal la oportunidad de pronunciarse sobre si los gobiernos deben actuar para reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, como un principio del derecho internacional público», dijo Leonardo Crippa, abogado del Indian Law Resource Center y miembro del equipo jurídico del demandante. «Tanto las pruebas como el contexto histórico apoyan esta decisión. Ahora tenemos un nuevo y poderoso aliado, un influyente público mundial que exige el fin de las inversiones de empresas, bancos multilaterales, gobiernos y otros inversores- que dañan el planeta y violan los derechos humanos.»
Una sentencia positiva supondría una victoria para todas las comunidades Maya Q’eqchi’ de El Estor, incluidas las que fueron noticia en octubre, cuando los soldados detuvieron a decenas de miembros de la comunidad y el gobierno declaró el estado de emergencia para poner fin a un bloqueo establecido para protestar por los impactos ambientales de la mina Fénix en el agua, el aire y el suelo de las comunidades afectadas.
«»Siempre hemos buscado una solución legal», dijo Rodrigo Tot, líder de Agua Caliente, que evitó las protestas de octubre y ganador del Premio Goldman. «Las protestas no han tenido un impacto real, aunque lo entendemos. La ley requiere mucha paciencia y tiempo, pero tenemos fe de que es la respuesta. Y la decisión del tribunal de derechos humanos abarcará a las 16 comunidades Maya Q’eqchi’ afectadas por la mina».
A menudo el foro de último recurso para los Indígenas de América Latina y otras comunidades marginadas, una decisión a favor de los demandantes podría tener un efecto paralizante en el acceso del país a la financiación de proyectos de desarrollo, dijo Crippa, que presentó hoy los argumentos orales ante el tribunal.
«Los bancos multilaterales respetarán la decisión del tribunal y una sentencia orientaría en dónde invierten los bancos y qué condiciones establecen», dijo Crippa. «Al sector económico mundial no le gusta la incertidumbre ni los riesgos innecesarios; al apoyar las demandas de los pueblos Maya Q’eqchi’ de El Estor, la sentencia judicial podría ayudar a acallar los temores sobre el aumento del cambio climático y el riesgo de reputación asociado a la satisfacción de la creciente demanda de minerales, en particular de «minerales verdes» como el níquel.»
En un escrito presentado hoy ante el tribunal, los demandantes argumentan que las Declaraciones de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y de la O. E. A., y las políticas de protección socioambiental de los bancos multilaterales de desarrollo, establecen la obligación de obtener el consentimiento de las comunidades Indígenas antes de introducir un proyecto en sus tierras.
Los demandantes sostienen que «el Tribunal debe establecer esta obligación como garantía de protección de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales», y sugieren que, al hacerlo, el tribunal influiría en el comportamiento de las empresas extractivas que quieran hacer negocios en la región. El escrito argumenta que el gobierno ha incurrido en un patrón de engaño que incluye la negligencia de reemplazar las páginas faltantes en un registro que documentó la larga lucha de Agua Caliente por el título.
Recurriendo a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el equipo jurídico de la comunidad demuestra que el gobierno obligó a sus miembros a identificarse como «campesinos sin tierra» para obtener la titularidad de sus tierras. El gobierno utilizó entonces el proceso para ampliar las tierras cubiertas por el proyecto minero Fénix, señala el escrito, señalando también que el gobierno no ha cumplido con la orden del tribunal nacional de que el gobierno emita el título colectivo de Agua Caliente sobre sus tierras.
«En cambio, han expandido la mina sobre los territorios de Agua Caliente, permitiendo la exploración de los recursos del subsuelo en territorios bajo posesión tradicional», dijo Crippa. «Su siguiente paso ha sido abrir las tierras a la explotación, con el objetivo de aumentar la superficie del proyecto minero Fénix».
En lugar de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional, el gobierno sugirió a las 16 comunidades de El Estor que abandonaran las tierras en disputa que se solapan con la mina Fénix. Por ahora, la mina ha detenido sus operaciones en los territorios cubiertos por la sentencia, pero su planta de procesamiento en la orilla del lago Izabal sigue bombeando polvo al aire, día y noche. Y los manifestantes dicen que las comunidades están sufriendo por las toxinas que se filtran en el lago de Izabal, la mayor extensión de agua de Guatemala.
Los demandantes solicitan al tribunal que ordene al gobierno guatemalteco la realización de estudios sobre el impacto de los proyectos mineros propuestos en los derechos humanos.
