Este jueves 8 de junio, más de 40 organizaciones y autoridades indígenas, presentaron a la Corte de Constitucionalidad, su profundo rechazo a la sentencia emitida el 26 de mayo a favor de las empresas hidroeléctricas Oxec I y Oxec II.
El comunicado que consolidaron y presentaron en la corte de constitucionalidad, literalmente dice:
ANTE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO DE GUATEMALA CON MOTIVO DE LA SENTENCIA DE FECHA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO QUE RESUELVE A FAVOR DE LAS EMPRESAS HIDROELECTRICAS OXECI y OXEC II
MANIFESTAMOS
1. Nuestro total y profundo rechazo a la sentencia proferida por la Corte de Constitucionalidad dentro de los expedientes 91 y 92 -2017 de fecha 26 de mayo del presente año, que causa agravios a los derechos de la madre tierra del pueblo Q’eqchi’ y favorece a la empresa Oxec y Oxec ll S.A. de capital internacional siendo su mayor inversionista extranjeros cuya visión se fundamenta en el expolio y destrucción de la vida de los pueblos de Guatemala.
2. La sentencia venida en grado y la misma Corte de Constitucionalidad reconoce que el gobierno del Estado de Guatemala por medio del Ministerio de Energía y Minas violó el derecho de consulta previa, libre, informada y de buena fe de las Comunidades Maya Q’eqchi’ de Cahabón, lo confirma, pero para quedar bien con las empresas nacionales y transnacionales dentro los cuales uno de los principales inversionistas es el señor español Florentino Pérez, además de la banca nacional y los entes financieros internacionales, les autoriza que siga operando. Con resoluciones de este talante, la Corte de Constitucionalidad estrangula la democracia y no protege los derechos humanos.
3. Esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, lejos de contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, la democracia y la paz, fortalece y aumenta la agresión y criminalización de la lucha y resistencia de los pueblos, la violación sistemática de los derechos específicos de los pueblos indígenas, el deterioro del ambiente, el cambio climático, la muerte y la destrucción social que causan las empresas tanto nacionales como transnacionales en los territorios de los pueblos indígenas.
4. Cuestionamos la precaria e ilegal interpretación y resolución de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que subordina el derecho a la vida al capital y el lucro, lo cual es totalmente violatorio a la Constitución Política de la Republica que determina que el fin supremo del Estado de Guatemala, es la protección de la vida y la búsqueda del bien común de sus habitantes.
5. Afirmamos ante el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional, que el derecho de consulta a los pueblos indígenas debe ser “previa, libre, informado y de buena fe”2, por lo tanto, al no haberse cumplido con dicha acción previa; las empresas, el gobierno del Estado de Guatemala por medio del Ministerio de Energía y Minas y otros Ministerios e instituciones son los responsables de su actuación ilegal y violatoria de derechos fundamentales.
6. Rechazamos que la Corte de Constitucionalidad se arrogue funciones legislativas, estableciendo en la sentencia que rechazamos formas para realizar Consulta a los Pueblos Indígenas. La Corte de Constitucionalidad debe garantizar la supremacía constitucional y no legislar como lo hace en este caso, razón por la cual pedimos abierta y públicamente al Ministerio Público que inicie las acciones de investigación para que se encause penalmente a los Magistrados que están realizando funciones que no les corresponden según el ordenamiento jurídico nacional, por ser delito de acción pública que estamos denunciando y que debe ser tramitada de oficio.
7. Rechazamos unánime y categóricamente las acciones que el gobierno por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la señora Ministra Aura Leticia Teleguario Sincal está realizando para legitimar un instrumento inconsulto y alejado del principio de la Buena Fe, que busca restringir los derechos de nuestros pueblos a la consulta y la autodeterminación; asimismo, las acciones que realiza el Gabinete de Pueblos Indígenas y otras instancias institucionales que tienen los mismo fines. Recordándoles que todo proceso de construcción de instrumentos administrativos o legislativos orientados a derechos colectivos de nuestros pueblos, deben ser construidos de forma coordinada, consensuada, sistemática y en armonía con los pueblos indígenas de Guatemala.
8. Rechazamos la imposición de cualquier iniciativa que pretenda regular derechos sobre los bienes naturales de los pueblos indígenas; específicamente las iniciativas de ley de aguas y de ley de la regularización de la tenencia de la tierra, que tienen como objetivo último legalizar despojos y robos de lo que por derecho histórico nos pertenece. Y exigimos que cualquier iniciativa legislativa o administrativa debe preservar y garantizar nuestros derechos históricos al patrimonio natural de nuestros pueblos y sus formas de administración.
9. Hacemos un llamado a las centrales sindicales, los ciudadanos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, organizaciones campesinas, defensores de los derechos humanos y todos los sectores a sumarse a nuestra lucha, a defender el derecho a la vida mediante el ejercicio del derecho de consulta en el marco de los estándares internacionales de respeto de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas; a decidir, construir y seguir la lucha por el respeto del derecho a la vida de los seres humanos, de los pueblos y de la naturaleza; cuidarla frente a la voracidad insaciable de quienes solo piensan en su bienestar, sin importarles la vida de la humanidad y de la madre naturaleza.
En el día b’elejeb’ tz’i del job’ iq’, del ok lem, kajlajuj báqtum. Guatemala, 8 de junio de 2017
Autoridades indígenas y 40 organizaciones rechazan resolución de Corte de Constitucionalidad sobre Oxec I y II
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