La evaluación de Guatemala ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU realizado el 19 y 20 de noviembre de 2025 no fue un diálogo únicamente entre Estados. En la sala, acompañando a las organizaciones de sociedad civil, estuvieron presentes representantes de las radios comunitarias indígenas y sus abogados, asegurando que su lucha por el derecho a la comunicación no fuera omitida. Su presencia física fue un recordatorio silencioso pero potente de que, tras los informes oficiales, hay comunidades enteras esperando justicia.
Durante dos días consecutivos, el Estado de Guatemala fue sometido a un exhaustivo escrutinio. La evaluación, que formó parte del examen de los informes periódicos 18 al 20 del país, dejó al descubierto dos temas críticos y recurrentes: la criminalización de las radios comunitarias indígenas y la persecución sistemática de autoridades y ancestrales.
La delegación guatemalteca, encabezada por el comisionado presidencial Miguel Felipe Pajarito, llegó a Ginebra con un discurso de avances y compromisos renovados bajo el gobierno de Bernardo Arévalo. Sin embargo, las preguntas incisivas de los relatores del CERD, especialmente las del relator de país Abderrahman Tlemçani y la correlatora Verene Shepherd, desnudaron una realidad persistente: el Estado guatemalteco sigue incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Las radios comunitarias: entre la sentencia y el silencio
Uno de los puntos más álgidos fue el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Otros vs. Guatemala, que ordena al Estado garantizar el funcionamiento legal de las radios comunitarias, reservarles parte del espectro radioeléctrico y eliminar su criminalización.
A pesar de que la delegación afirmó que se están realizando “esfuerzos” para otorgar frecuencias y que existen “mesas técnicas”, los relatores señalaron con preocupación que:
- No existe una ley que regule y proteja a las radios comunitarias.
- Persiste la criminalización de sus operadores.
- El espectro radioeléctrico sigue concentrado en manos privadas.
La diputada Sonia Gutiérrez, única mujer indígena en el Congreso, admitió que “hay sectores económicos que se oponen” a la iniciativa de ley de radios comunitarias como la 4087, y que, sin una mayoría legislativa favorable, es imposible su aprobación. Esto, en un país donde la libertad de expresión indígena sigue siendo un delito.
Criminalización de autoridades indígenas: la “máquina de persecución”
El Comité recibió con alarma las denuncias sobre el uso del sistema de justicia para criminalizar a autoridades indígenas que defienden sus territorios y derechos. Se mencionaron casos emblemáticos como los de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, así como el exilio forzado de decenas de personas, entre ellas defensores de derechos humanos, periodistas y jueces independientes.
El director de la Comisión Presidencial por la Paz (COPADEH), Elvin Díaz, reconoció que el Ministerio Público (MP) ha sido “la máquina de criminalización”, incluso contra funcionarios del propio gobierno que intentan cumplir con sentencias internacionales. Reveló, con preocupación, que la misma COPADEH ha sentido temor y ha enfrentado resistencia del MP, que se ha negado a colaborar en el cumplimiento de la sentencia sobre radios comunitarias. Si una instancia estatal como la COPADEH se siente amenazada y sin respuesta ante el MP, ¿cómo se deben sentir las radios comunitarias que operan cada día sin ninguna garantía y bajo la constante amenaza de allanamiento y criminalización?
Si bien la delegación insistió en que el gobierno de Arévalo ha retomado el diálogo con autoridades ancestrales y ha creado políticas públicas como la de protección a defensores de derechos humanos, los relatores cuestionaron la capacidad real del Ejecutivo para tratar de transformar un sistema judicial y legislativo capturado por intereses históricos como el pacto de corruptos.
La diputada Sonia Gutiérrez lo resumió con crudeza: “En el Congreso se necesitan 81 votos para aprobar leyes a favor de los pueblos indígenas, y solo somos una minoría”.
La sentencia es la esperanza, la ley la deuda pendiente
Al cierre de la evaluación, el CERD dejó claro que Guatemala sigue en deuda con sus pueblos originarios. Las radios comunitarias siguen estando sin ser reguladas, las autoridades indígenas siguen siendo encarcelados o exiliados, y el Estado no ha logrado traducir sus discursos en acciones concretas.
Mientras no exista una ley que democratice el espectro radioeléctrico, las radios comunitarias indígenas no deberían ser allanadas ni criminalizadas. La confianza de las comunidades no está en las promesas del gobierno, sino en la firmeza de la sentencia de la Corte Interamericana. Este mismo año, dicha Corte realizó una supervisión de cumplimiento de esta sentencia, un faro de esperanza. La lucha continuará, insistiendo ante la Corte para que supervise de cerca el cumplimiento de su fallo, porque es ese respaldo internacional, y no la voluntad política interna, la principal garantía para que las voces de los pueblos no sean silenciadas.
Como señaló la correlatora Verene Shepherd: “El legado colonial es difícil de desmantelar, pero sin reformas estructurales, Guatemala seguirá reproduciendo el racismo que dice combatir”.
La pelota está ahora en la cancha del Estado guatemalteco. La comunidad internacional espera que las promesas hechas en Ginebra se conviertan en leyes, frecuencias de radio y justicia real para quienes defienden la tierra y la palabra.
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